Óscar Rodríguez, líder social y concejal del municipio de Linares, Nariño, fue asesinado este jueves, según confirmaron organizaciones sociales y organismos internacionales.

Rodríguez ejercía como vocero de la organización Unión Campesina por la Paz de Linares y además lideraba procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito desde la presidencia de la Asociación de Trabajadores de Cultivadores de Coca (Astrocan).

Según las primeras informaciones, el concejal habría sido asesinado en la madrugada de este jueves en su finca.

Este asesinato se suma a los 33 homicidios cometidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos reportados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre en esta región, según las cifras recopiladas por la Defensoría del Pueblo, lo que convierte a Nariño en el departamento con mayor número de asesinatos del país.

Tras condenar el crimen e instar a las autoridades competentes a esclarecer y juzgar los hechos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia hizo un llamado a reactivar la Mesa Territorial de Garantías de Nariño como un espacio de alto nivel en el que concretar medidas de acción para garantizar la labor de los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos en el territorio.

Por su parte, desde la Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos de Nariño se interpeló a través de un comunicado al ministro del Interior, Alfonso Prada, y al gobernador departamental, Jhon Alexander Rojas, para pedir el establecimiento de un Puesto de Mando Unificado por la Vida con una "presencia efectiva de las instituciones de orden nacional".

Nariño es uno de los departamentos colombianos más golpeados por la violencia y el conflicto armado, en el que varios grupos ilegales tienen presencia y se enfrentan para lograr el control de un territorio clave para la ruta del narcotráfico.

Diversas organizaciones sociales piden desde hace varios años la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías para adoptar medidas que protejan a la población civil y a los defensores de derechos humanos de la violencia de los actores armados. 

EFE